En una decisión conocida la primera semana de marzo, Holanda ha impuesto por primera vez una sanción a una empresa por infringir el Reglamento Europeo de la Madera, conocido por las siglas EUTR (European Timber Regulation) (1). Esta sanción a una empresa holandesa se produce tras la publicación en septiembre de 2015 de una investigación de Greenpeace, que exponía la presencia en el mercado europeo de madera exportada por la polémica maderera de Camerún CCT (Compagnie de Commerce et de Transport), empresa que se abastece de madereras implicadas en talas ilegales (2). CCT exporta posteriormente esa madera a varios países europeos, Holanda, Bélgica y España entre ellos.
Tras la publicación del informe, Greenpeace España denunció que empresas europeas de Holanda, Bélgica y España comercializaban madera de CCT. En el caso español, además, una de las empresas pertene a la Asociación Española de Industrias y Comercio de la Madera (AEIM), asociación que afirma tener un Sistema de “Diligencia Debida” que evita que la madera ilegal entre en la cadena de suministro de las empresa asociadas.
«Mientras en Holanda se sanciona a una empresa por comercializar madera de CCT, en España la inacción del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la tónica”, ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España.”Y es la segunda vez que vemos a importadores miembros de AEIM incumpliendo sus propios criterios para evitar la comercialización de madera ilegal».
La polémica empresa CCT es una empresa exportadora de madera que se abastece de numerosas concesiones y operaciones forestales donde la explotación forestal es destructiva. En algunas de estas operaciones, además, las operaciones forestales están envueltas en el incumplimiento reiterado de la legislación forestal, produciendo lo que se conoce como madera ilegal. Greenpeace también investigó el destino final de la madera de CCT, descubriendo su presencia en los almacenes de muchos importadores de Europa, incluyendo la empresa holandesa sancionada, Fibois BV (Purmerend), y también en las españolas Maderas Rias Baixas S.L. (Ourense) y Maderas Medina S.L. (Toledo).
Luego de esta investigación, Greenpeace presentó reclamaciones formales a las Autoridades Competentes de los países implicado. Pero, en el caso de España, hasta el pasado 4 de diciembre de 2015 el gobierno no aprobó una resolución (3) que permitiera a las autoridades empezar a controlar al sector importador de madera.
“Greenpeace recuerda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a las Autoridades Competentes en las diversas Comunidades Autónomas que es su obligación poner fin al comercio de madera ilegal en España” ha declarado Soto. “Es una verguenza que el pasado 3 marzo se cumplieran 3 años desde que el Reglamento Europeo entrara en vigor en la UE, sin que se tenga constancia de la actividad de los responsables de controlar a las empresas importadoras de madera procedentes de países de riesgo”. Notas: (1) Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, (2) Informe “CCT’S TIMBER TRADE FROM CAMEROON TO EUROPE” https://www.greenpeace.nl/Global/nederland/2015/documenten/Bossen/GP_CCT_rapport_sept15_03.pdf (3) El Gobierno aprueba un Real Decreto para asegurar la legalidad de la comercialización de la madera y sus productos (4/12/2015). https://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-gobierno-aprueba-un-real-decreto-para-asegurar-la-legalidad-de-la-comercializaci%C3%B3n-de-la-madera-y-sus-productos-/tcm7-404833-16 Greenpeace es una organización independiente que no acepta dinero de gobiernos ni empresas para poder denunciar a todas aquellas personas o instituciones que amenazan al planeta. Solo el apoyo desinteresado de nuestros socios y socias hace posible nuestro trabajo. Fuente original: https://www.greenpeace.org/
Fuente: Econoticias