Desastre ambiental a orillas del río Atrato, Chocó, Colombia.

Ante la desatención del problema por parte del Estado colombiano, los habitantes de la cuenca del río Atrato se han organizado para exigir la protección de sus derechos fundamentales. Con ese objetivo y representados por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, presentaron un acción judicial ante la Corte Constitucional. En respaldo al caso, AIDA presentó un amicus curiae con argumentos de derecho ambiental internacional y derecho internacional de los derechos humanos.

En agosto pasado, el tribunal seleccionó la acción para revisión y actualmente estudia las pruebas de la vulneración. Para ello realizó una audiencia pública y una inspección en el lugar, y ordenó un dictamen técnico de varios expertos.

Las comunidades afectadas miran con esperanza que su búsqueda de justicia rinda frutos.

Destrucción sin control

El departamento del Chocó ha sido, incluso desde tiempos precolombinos, una región con alta vocación aurífera. Las comunidades negras asentadas en las cuencas de los ríos Atrato y San Juan incorporaron la minería de oro como elemento ligado a su identidad, cultura y quehaceres cotidianos. Sus prácticas mineras eran artesanales, con bajos impactos ambientales y complementarias a otras actividades como la agricultura, la caza y la pesca.

Transporte de producción bananera por las aguas del río Atrato. Crédito: Agencia Prensa Rural/Creative Commons.

Sin embargo, desde mediados de los 90, a la zona arribaron personas foráneas en busca de un negocio millonario. Llegaron de Brasil, Perú, y de otras regiones de Colombia como Antioquia. Extraen el mineral de una nueva forma: se valen de retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria para remover la tierra de las orillas y laderas, la cual es cubierta luego con inmensas cantidades de mercurio para obtener el metal.

Entretanto, los bosques frondosos del Chocó, guardianes de una asombrosa biodiversidad y de las maderas más costosas del mercado, han sufrido una depredación voraz. Los controles de las autoridades ambientales han estado ausentes frente a los cauces devastados, los ríos desbordados, la deforestación, la obstrucción de canales con restos de árboles desplomados, la contaminación por mercurio, y la pérdida la fauna y flora. Todo ello ha generado una violación flagrante del derecho a un ambiente sano y al equilibrio ecológico.

Derechos en riesgo y un Estado ausente

La Constitución Política colombiana revistió a los grupos étnicos con un amplio catálogo de derechos y una protección especial, reconociendo su valor para el patrimonio cultural y natural del país y el mundo. Sin embargo, el propio Estado, al mismo tiempo que otorga ciertas garantías formales de protección, ejecuta políticas que abiertamente las desconocen.

Más del 80% de la población del Chocó es de origen étnico. Crédito: Agencia Prensa Rural/Creative Commons.

Así por ejemplo, para enfrentar la situación desbordada de la minería informal en el Chocó, el Gobierno ha otorgado numerosos títulos mineros a grandes compañías, desconociendo los títulos colectivos de propiedad existentes y echando por la borda años de lucha por la reivindicación social y política de las poblaciones étnicas. Esto podría causar el desplazamiento de esos pueblos, poniendo en riesgo incluso su supervivencia como grupos sociales.

Además de no realizar los controles debidos en la zona, el Estado ha desatendido los pedidos de ayuda de las comunidades afectadas e incluso ha criminalizado a quienes buscan soluciones. Ha dejado a las comunidades éticas solas frente a poderosos intereses económicos

El problema no es pequeño. Más del 80% de la población del Chocó es de origen étnico: pueblos negros e indígenas cuya identidad cultural, costumbres ancestrales, prácticas de supervivencia y autoreconocimiento como grupos diferenciados de la sociedad tienen relación estrecha con el territorio y en particular con el río Atrato. Del caudal depende su transporte, suministro de agua y alimentos, actividades domésticas, recreación y esparcimiento, y, en suma, su forma de vida.

La degradación ambiental en el Chocó amenaza de manera directa derechos fundamentales: a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la seguridad alimentaria, a la libre locomoción, al agua, al territorio y a la autodeterminación como pueblos étnicos. Ese panorama empeora cuando el Estado ignora las necesidades de salud, vivienda, alimentación, saneamiento básico y agua potable de las comunidades. En el pasado, la naturaleza permitía el autoabastecimiento, algo que el actual daño ambiental no permite. El Estado justifica su inacción argumentando que el problema es tan grande que escapa de sus manos.

Pero los habitantes de la cuenca del río Atrato no se han quedado con los brazos cruzados. Han emprendido una lucha colectiva para exigir que el Estado garantice sus derechos. Han creado los Consejos Mayores del Medio y Alto Atrato: Cocomacia y Cocomopoca, y la Asociación de Consejos del Bajo Atrato Ascoba de la mano del Foro Interétnico.

Cobijan la profunda esperanza de que la Corte Constitucional le ponga freno a la inacción pasiva y cómplice del Estado, brindándoles un nuevo panorama de futuro.

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