El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas sobre delitos medioambientales y sanciones relacionadas. La directiva contiene una lista actualizada de delitos penales, incluido el comercio ilegal de madera.
«Es hora de luchar contra la delincuencia transfronteriza a nivel de la UE mediante sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales», afirmó Antonius Manders, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos).
Y continúa: ‘Con este acuerdo, la factura pasará a quien contamina. Además, es un paso importante en la dirección correcta que las personas que ocupan puestos directivos en empresas que cometen delitos, así como las propias empresas, puedan ser consideradas responsables. Con la introducción del deber de diligencia, ya no podrán esconderse detrás de permisos o lagunas legales.’
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Sanción por comercio ilegal de madera
En cuanto a la pena: se ha acordado una pena máxima de prisión de diez años por delitos individuales para particulares y representantes de empresas. Las empresas pueden enfrentar multas de hasta el cinco por ciento de su facturación anual global. La pena depende de cuán duradero, grave o reversible sea el daño.
Con estas duras sanciones, el Parlamento Europeo quiere tomar medidas más estrictas contra los delitos medioambientales; la cuarta actividad criminal más grande del mundo. Los países de la UE tienen dos años para transponer las normas a su legislación nacional.
Además del comercio ilegal de madera, esto también incluye el agotamiento de los recursos hídricos, la contaminación causada por los barcos y graves infracciones de la legislación de la UE sobre sustancias químicas.
Reparar el daño ambiental
Todos los perpetradores están obligados a reparar e indemnizar los daños ambientales. Los países de la UE pueden decidir por sí mismos si persiguen delitos penales que no se cometieron en su territorio.
Los eurodiputados instaron a que los denunciantes que denuncien delitos medioambientales reciban apoyo y asistencia en los procesos penales . Los países de la UE también deberían organizar formación especializada para agentes de policía, jueces y fiscales, elaborar estrategias nacionales y campañas de sensibilización para combatir los delitos medioambientales.
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