El presente Manual Judicial proporciona recursos que los jueces pueden aplicar para decidir casos relacionados con la deforestación en Colombia, y esta introducción proporciona un contexto para el desarrollo del manual, reconoce a los socios y a los individuos responsables del desarrollo del mismo, y proporciona una breve descripción sobre cómo utilizarlo.
Contexto
Colombia ha sido bendecida con un rico patrimonio natural, cuyos bosques son esenciales para el sustento y la seguridad alimentaria de millones de ciudadanos, una importante fuente de ingresos públicos y un motor de desarrollo económico. Colombia es también una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, hogar de innumerables especies que no se encuentran en ningún otro lugar, y un importante sumidero de carbono, que captura carbono y combate el cambio climático.
El acuerdo de paz del 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC) generó un vacío de poder en regiones de Colombia, lo que contribuyó a la proliferación de la tala ilegal, incluida gran parte de la Amazonía colombiana. Cuando los rebeldes de las FARC depusieron las armas, se intensificó la competencia entre las redes criminales y los grupos paramilitares por explotar la madera y otros recursos naturales.
De interés: Deforestación. Pacto entre Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo
La tala ilegal ha devastado bosques, ecosistemas y comunidades dependientes de los bosques en Colombia. Desde el acuerdo de paz, Colombia ha perdido más de 100.000 hectáreas de bosque cada año, entre 107.000 ha en el 2016, 177.000 ha en el 2018 y 122.000 ha en el 2021. Gran parte de lo anterior ha sucedido en la región amazónica. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha identificado el acaparamiento de tierras, la producción de cultivos ilícitos, la ganadería extensiva y la construcción de carreteras no autorizadas como las principales causas de la deforestación. A lo que se suman los conflictos sociales por la especulación sobre el valor de las tierras deforestadas, las economías ilegales que se alimentan de la tala de árboles y la violencia. La tala ilegal ha apoyado las actividades
de redes criminales y grupos paramilitares que han asesinado a cientos de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Colombia. Según Global Witness, en el 2021 Colombia ocupó el segundo lugar del mundo, después de México, con el mayor número de líderes medioambientales y defensores de la tierra asesinados. En los últimos diez años (desde 2012), 332 defensores ambientales han sido asesinados en Colombia; el único país del
mundo que tuvo más defensores ambientales asesinados en ese periodo fue Brasil (342), que tiene cuatro veces más población. Además de los asesinados, incontables más fueron amenazados, agredidos y criminalizados por defender su tierra y nuestro medio ambiente.
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