Manual: Deforestación y derecho

El presente Manual Judicial proporciona recursos que los jueces pueden aplicar para decidir casos relacionados con la deforestación en Colombia, y esta introducción proporciona un contexto para el desarrollo del manual, reconoce a los socios y a los individuos responsables del desarrollo del mismo, y proporciona una breve descripción sobre cómo utilizarlo.

Contexto

Colombia ha sido bendecida con un rico patrimonio natural, cuyos bosques son esenciales para el sustento y la seguridad alimentaria de millones de ciudadanos, una importante fuente de ingresos públicos y un motor de desarrollo económico. Colombia es también una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, hogar de innumerables especies que no se encuentran en ningún otro lugar, y un importante sumidero de carbono, que captura carbono y combate el cambio climático.

El acuerdo de paz del 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC) generó un vacío de poder en regiones de Colombia, lo que contribuyó a la proliferación de la tala ilegal, incluida gran parte de la Amazonía colombiana. Cuando los rebeldes de las FARC depusieron las armas, se intensificó la competencia entre las redes criminales y los grupos paramilitares por explotar la madera y otros recursos naturales.

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De interés: Deforestación. Pacto entre Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo

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La tala ilegal ha devastado bosques, ecosistemas y comunidades dependientes de los bosques en Colombia. Desde el acuerdo de paz, Colombia ha perdido más de 100.000 hectáreas de bosque cada año, entre 107.000 ha en el 2016, 177.000 ha en el 2018 y 122.000 ha en el 2021. Gran parte de lo anterior ha sucedido en la región amazónica. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha identificado el acaparamiento de tierras, la producción de cultivos ilícitos, la ganadería extensiva y la construcción de carreteras no autorizadas como las principales causas de la deforestación. A lo que se suman los conflictos sociales por la especulación sobre el valor de las tierras deforestadas, las economías ilegales que se alimentan de la tala de árboles y la violencia. La tala ilegal ha apoyado las actividades
de redes criminales y grupos paramilitares que han asesinado a cientos de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Colombia. Según Global Witness, en el 2021 Colombia ocupó el segundo lugar del mundo, después de México, con el mayor número de líderes medioambientales y defensores de la tierra asesinados. En los últimos diez años (desde 2012), 332 defensores ambientales han sido asesinados en Colombia; el único país del
mundo que tuvo más defensores ambientales asesinados en ese periodo fue Brasil (342), que tiene cuatro veces más población. Además de los asesinados, incontables más fueron amenazados, agredidos y criminalizados por defender su tierra y nuestro medio ambiente.

Deforestación y Derecho: Manual para el Abordaje Judicial en Colombia

Resumen

El fenómeno de la deforestación en Colombia representa una crisis multidimensional que trasciende lo ambiental para impactar la seguridad, la economía y los derechos humanos. Con aproximadamente 59,7 millones de hectáreas de bosques naturales (52,3% del territorio nacional), el país es el duodécimo con mayor extensión forestal en el mundo. No obstante, en las últimas dos décadas se han perdido cerca de tres millones de hectáreas de bosque.

Este documento sintetiza las directrices y hallazgos del manual desarrollado mediante la alianza estratégica entre el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el Instituto de Derecho Ambiental (ELI) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI). La premisa central es que el poder judicial es un actor crítico para la transformación de esta problemática a través del fortalecimiento del Estado de derecho, la sanción efectiva de infractores y la protección de los defensores del medio ambiente. El manual busca dotar a jueces y magistrados de herramientas técnicas, científicas y jurídicas para enfrentar los complejos motores de la deforestación, que incluyen el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva y las economías ilegales.

1. Contexto y dimensiones de la deforestación en Colombia

La deforestación en Colombia no es un evento aislado, sino un fenómeno exacerbado por cambios políticos y sociales recientes, particularmente tras el acuerdo de paz de 2016.

Dinámicas post-acuerdo de paz

• Vacío de Poder: La desmovilización de las FARC generó vacíos de poder en regiones críticas, especialmente en la Amazonía, permitiendo la proliferación de la tala ilegal.
• Competencia Criminal: Redes criminales y grupos paramilitares intensificaron la disputa por la explotación de madera y otros recursos naturales.
• Cifras de Pérdida Forestal: Desde 2016, el país ha perdido anualmente extensiones significativas:
  • 2016: 107.000 ha.
  • 2018: 177.000 ha.
  • 2021: 122.000 ha.

Motores principales de la deforestación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha identificado como causas primordiales:

1. Acaparamiento de tierras.
2. Producción de cultivos ilícitos.
3. Ganadería extensiva.
4. Construcción de carreteras no autorizadas.
5. Especulación sobre el valor de las tierras deforestadas.

2. El Rol Crítico de la rama judicial

Los jueces y magistrados son identificados como la «esperanza para el Estado de derecho» y el desarrollo sostenible. Su función es vital en cuatro frentes:

• Punición y Disuasión: Garantizar que los castigos sean suficientes para evitar futuras infracciones.
• Protección de Derechos: Atender casos presentados por comunidades para proteger sus bosques y el derecho a un medio ambiente sano.
• Resolución de Conflictos: Resolver pacíficamente disputas sobre tierras y recursos madereros.
• Seguridad Climática: Impulsar la visión de la Amazonía como el «pulmón del planeta» para las presentes y futuras generaciones.

Desafíos para los operadores judiciales

• Falta de Familiaridad Técnica: Muchos funcionarios no están especializados en legislación forestal o en las dimensiones científicas y económicas de la deforestación.
• Riesgos de Seguridad: Colombia es uno de los países más peligrosos para la defensa ambiental. En la última década (desde 2012), 332 defensores ambientales han sido asesinados en el país, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en 2021.

3. Estructura y Temáticas del Abordaje Judicial

El manual se organiza en ocho capítulos diseñados para proporcionar una guía práctica y modular:

Capítulo	Enfoque Principal
I. Conceptos Centrales	Definiciones técnicas de bosque natural, biodiversidad y servicios ecosistémicos.
II. Derecho Internacional	Tratados y principios de derecho ambiental internacional aplicables al caso colombiano.
III. Régimen Jurídico Nacional	Análisis de la Constitución de 1991, normas sobre reservas forestales, delitos ambientales y uso sostenible.
IV. Institucionalidad	Competencias de entidades nacionales y territoriales, y el rol de las comunidades étnicas.
V. Participación y Defensores	Derecho al acceso a la información, justicia ambiental y protección de defensores de derechos humanos.
VI. Perspectiva Judicial	Definición legal de daño ambiental y objetivos de los procesos administrativos, penales, civiles y constitucionales.
VII. Evidencia y Aplicación de la Ley	Manejo de la carga de la prueba, riesgos, incertidumbre y uso de evidencia científica en los procesos.
VIII. Medidas Judiciales	Medidas cautelares, preventivas, de reparación y sanción; rol del juez en la ejecución de órdenes.

4. Conceptos técnicos fundamentales

Para un accionar judicial eficiente, el documento enfatiza la necesidad de una base teórica sólida que distinga entre acciones menores y procesos de deforestación sistemática.

• Definición de Bosque Natural: Colombia adopta criterios basados en la cobertura de dosel (estrato superior continuo), la altura de los árboles y una extensión mínima. Es crucial diferenciar entre bosques naturales y plantaciones arbóreas no naturales.
• Servicios Ecosistémicos: Los bosques son sumideros de carbono esenciales para combatir el cambio climático y proveen recursos críticos como agua y aire limpio, fundamentales para la subsistencia de millones de ciudadanos.
• Multidimensionalidad: Se reconoce que la deforestación es un problema que integra aspectos científicos, económicos, sociales y técnicos.

5. Instituciones y cooperación internacional

El fortalecimiento de las capacidades judiciales ha sido posible gracias a un esfuerzo de cooperación internacional robusto:

• Entidades Cooperantes: El Environmental Law Institute (ELI) y el Global Green Growth Institute (GGGI), con el apoyo de la Swedish Postcode Foundation.
• Enfoque Territorial: El proyecto se ha centrado especialmente en los departamentos más afectados por la tala ilegal: Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, además de fortalecer a los magistrados de apelación en Bogotá.
• Impacto de la Capacitación: Más de 260 jueces y magistrados han sido formados a través de nueve cursos y clases magistrales sobre derecho y litigios climáticos.

6. Conclusiones y visiones estratégicas

El manual concluye que la lucha contra la deforestación requiere una acción integral del Estado. No basta con leer la ley; los jueces deben comprender los aspectos prácticos de la ejecución de órdenes judiciales y la tasación del daño ambiental.

«Los jueces son la esperanza para el Estado de derecho, el desarrollo sostenible y la seguridad climática en Colombia.» — Carl Bruch, Director de Programas Internacionales, ELI.

El objetivo final es fomentar un cambio social hacia el cumplimiento de la legislación forestal, eliminando los beneficios económicos ilegales y empoderando a las comunidades para gestionar sus bosques de forma sostenible, garantizando así la paz y la biodiversidad a largo plazo.