El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (en adelante Acuerdo de Escazú o el Acuerdo) refleja una nueva y necesaria– etapa en la región. Este instrumento es una herramienta para fortalecer los estándares e instrumentos jurídicos existentes en materia de protección ambiental. En el caso de Colombia, ofrece una oportunidad única de validar los compromisos establecidos en la Constitución política de 1991, que consagra la democracia y la participación como principios fundamentales, lo cual es posible lograr abriendo espacios de acceso a las comunidades afectadas por las decisiones ambientales.
El objetivo del Acuerdo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno,
y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a cabo. Sobresale la pretensión de las disposiciones del Acuerdo de resaltar la importante labor de las mujeres, las comunidades y los pueblos indígenas en torno a la protección del entorno y, en consecuencia, el deber de garantizar su participación en todos los escenarios decisorios.
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